dimecres, 18 de novembre de 2009

El PNV exige pagar indemnizaciones a familias de los miembros de ETA fusilados en la dictadura

Deia. Efe. 13/11/2009

MADRID. El PNV defenderá el martes en el pleno del Congreso una moción para instar al Gobierno a no restringir la aplicación de la ley de memoria histórica y permitir que los familiares de los miembros de ETA que fueron fusilados o heridos durante la dictadura cobren indemnizaciones, como el resto de las víctimas.

Los jeltzales pedirán también al Ejecutivo que diseñe cuanto antes un mapa para las exhumaciones de las víctimas y que sea exigente en la retirada de los símbolos franquistas.

El grupo vasco ha registrado esta iniciativa, que se votará en el pleno, convencido de que el Gobierno ha "traicionado" el pacto político en el que se basó la ley y ha desvirtuado la norma al aprobar un desarrollo "muy restrictivo" de la misma, según apunta en un comunicado.

Por ello defenderá en su moción que se eliminen determinados párrafos del decreto que regula las indemnizaciones a los familiares de las víctimas del franquismo y que excluye como beneficiarios a "quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados".

En opinión del diputado del PNV Aitor Esteban, se está confundiendo "la situación actual del terrorismo con aquel momento histórico".

A su entender, no es justo que familiares de personas integradas en bandas armadas antes de la Ley de Amnistía no cobren indemnizaciones, cuando "no sabemos si después de la amnistía hubieran seguido en ETA o no".

El PNV exige también al Gobierno que se convierta en un agente activo en las tareas de localización e identificación de las víctimas.

Para ello debe elaborar en tres meses un plan de trabajo y un protocolo de actuación científica que asegure la colaboración institucional en las tareas de exhumación y tiene que terminar en un año el mapa integrado de los enterramientos.

Insta asimismo al Ejecutivo a aprobar en el plazo de tres meses un decreto que garantice el cumplimiento del artículo 15 de la ley de la memoria histórica, el que obliga a la retirada de escudos, símbolos y placas conmemorativas de la sublevación militar, la guerra civil o la dictadura.

Ese decreto debería decir de forma explícita que se cancelarán las subvenciones o ayudas a los propietarios públicos o privados que no retiren esos símbolos.

Recuerdan también los nacionalistas vascos que la ley de la memoria histórica exigía al Gobierno a confeccionar un catálogo de vestigios de la guerra civil y de la dictadura, punto que todavía no ha cumplido.